Prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas y los planes de desarrollo municipal y estatal en Sinaloa
El presente escrito aborda los principales ordenamientos jurídicos
donde se establece la participación de los integrantes de los
pueblos y comunidades indígenas en la definición de sus prioridades de
desarrollo y en su caso poder agregarse a los planes de desarrollo.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo
2 apartado B numeral IX menciona que se deberá “Consultar a los pueblos
indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de
las entidades federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar
las recomendaciones y propuestas que realicen”, en el convenio 169 de la OIT,
tratado internacional suscrito por México, en su artículo 7 señala; …”además, dichos
pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los
planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles
directamente.
En los ordenamientos locales se hace
mención del derecho de incidir en sus prioridades de desarrollo en la
Constitución Política del Estado de Sinaloa, en el artículo 13 BIS, apartado B fracción IX. “Consultar a los
pueblos indígenas en la elaboración de los Planes Estatal y Municipales de
Desarrollo y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que
realicen.”, este derecho se reconoce también en la Ley de Derechos de los
Pueblos y Comunidades Indígenas de Sinaloa, en el artículo 47. “Los pueblos,
las comunidades y gobernadores tradicionales indígenas coadyuvarán en la
elaboración de los planes y programas de desarrollo del Estado y de los
municipios, debiendo integrar un diagnóstico que contenga la situación que
prevalezca en su pueblo o comunidad”.
Ahora bien la Ley de Planeación Federal
y su reforma realizada el 16 de febrero del 2018, se reafirman dos cosas
importantes, primero la inclusión de las
prioridades de las comunidades indígenas en el plan nacional de desarrollo,
“Las bases de participación y consulta a la sociedad, incluyendo a los pueblos
y comunidades indígenas, a través de sus representantes y autoridades, en la
elaboración del Plan y los programas a que se refiere esta Ley”, y dos las
realización de planes sectoriales y /o especiales “Elaborar los programas
sectoriales, considerando las propuestas que, en su caso, presenten las
entidades del sector, los órganos constitucionales autónomos, y los gobiernos
de las entidades federativas, así como las que deriven de los ejercicios de
participación social y de los pueblos y comunidades indígenas interesados”, es
decir la implementación de políticas públicas, con un sistema de atención diferenciada,
lo anterior podemos observarlo en el articulado siguiente del decreto por el
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de
Planeación.: Artículo 1; fracción V, Artículo 2, Artículo 14; fracción II y III.
Artículo 16; fracción III.
Sin embargo la Ley de Planeación para el
Estado de Sinaloa, no especifica este derecho, lo más cercano es lo establecido
en el artículo 4; “Es responsabilidad del Poder Ejecutivo Estatal, conducir la
planeación del desarrollo del Estado de Sinaloa, con la participación
democrática de todos los grupos sociales, de conformidad con lo dispuesto en la
presente Ley y su reglamento”, y el articulo 19; “Las Organizaciones
representativas de los obreros, campesinos y grupos populares; de las
instituciones académicas, profesionales y de investigación; de los organismos
empresariales; y otras agrupaciones sociales participarán como órgano de
consulta en los aspectos de la Planeación Democrática relacionados con su
actividad”.
Resulta importante resaltar que tanto en
la Ley de Planeación Federal, como en el Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Planeación, se refieren
o mencionan a los pueblos y comunidades
indígena en 10 y 6 ocasiones respectivamente, y en la Ley de Planeación del
Estado de Sinaloa, no se menciona una sola vez, ¿será necesario una reforma a
la Ley de Planeación del Estado y/o armonizarla respecto al 13 BIS de la
Constitución Local y Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas en
el Estado de Sinaloa?.
Con lo anteriormente mencionado es
necesario plantear las siguientes dos preguntas ¿sus municipios han empleado algún mecanismo de consulta para
garantizar que la opinión de los pueblos y comunidades indígenas sobre sus
prioridades de desarrollo se plasme en los planes municipales de desarrollo?
Es decir, por lo menos en los 10 municipios donde la Ley que establece el catálogo
de pueblos y comunidades indígenas en Sinaloa, reconoce la existencia de
comunidades indígenas, y la siguiente pregunta, ¿los municipios han establecido planes y programas, sectoriales y
especiales de desarrollo en las comunidades indígenas?
Suscribe:
L.C. Martin Servando Bojorquez Ruiz
Bibliografía Consultada
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley de Planeación
Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Planeación
Constitución Política del Estado de
Sinaloa
Ley de Planeación para el Estado de
Sinaloa
Ley de Derechos de los Pueblos y
Comunidades Indígenas de Sinaloa
Ley que establece el catálogo de
comunidades indígenas en Sinaloa
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